Normalmente preferimos hablar de cuestiones puramente económicas en este blog, pero esta semana no tendría sentido no hablar de la cuestión “Govern” (no queremos llamarla la “cuestión catalana”, porque no debería serlo). Aunque sea un conflicto meramente político, tiene o puede tener tremendas consecuencias en la economía.
Empecemos por el final. Está empezando a cundir la “búsqueda de culpables”, dando por hecho que el problema ha tomado unos derroteros que no encontrarán solución en el corto o medio plazo. Y parece que así será.
He leído reflexiones aparentemente juiciosas acerca del error del gobierno en adoptar medidas contra el referéndum. Y es verdad que la conclusión que realizan tiene mucho de razonable: la represión del 1-O va a generar un aumento de la radicalización del nacionalismo. Sin embargo, no veo razonable la premisa implícita: habría que cruzarse de brazos ante el incumplimiento de la ley. La vida personal se enfrenta en muchas ocasiones a la elección entre lo malo y lo menos malo y con la vida política esto también ocurre. Y no parece en absoluto nada inadecuado que el Gobierno haya dejado hacer a la Justicia y a la Fiscalía, que son quienes han ordenado las medidas preventivas contra el delito, al tiempo que advertía por activa y por pasiva que aplicaría la ley y realizaría todo lo que hubiera de hacer para impedir una secesión.
Otras voces reflexionan que la culpa estuvo en la anulación de la reforma del Estatuto de Cataluña por el Tribunal Constitucional. No puedo compartirlo. Si nos hemos dado una Constitución y un Tribunal Constitucional es para asegurar la convivencia, y no nos queda más remedio que aceptar el texto de aquélla y la interpretación que del mismo haga éste. Puede funcionar mejor o peor, pero estimar que las decisiones del TC las podemos interpretar cada uno a nuestro gusto, es derogar la propia supremacía del Tribunal y, por tanto, de la Constitución.
Esto me lleva a reflexionar ¿Quien es el malo?. No es el nacionalismo, que es una opción ideológica como cualquier otra, por mucho que yo, personalmente, esté en absoluto desacuerdo con ella. No es el Gobierno Central, que está limitándose a hacer respetar la ley y, a veces, con tan exquisita moderación que algunos ya dudan si debía haber cortado todo esto por lo sano aplicando el 155 tras la votación del Parlament.
El malo es “el Govern”. Esa institución catalana que, por voluntad de sus actuales inquilinos, se ha echado al monte de la ilegalidad y presume de ello. Que moviliza a cualquier radical para que en las calles se presione a la Guardia Civil cuando cumplen con sus obligaciones. ¡Y mira que es fácil encontrar unos miles de radicales en una ciudad del tamaño de Barcelona!. A estos radicales da igual qué bandera les pongas con tal de disfrutar de la bronca callejera. Hoy es la estelada y mañana la anarquista, ¿qué mas da?…
Ese “Govern” que ha hecho que los nacionalistas moderados catalanes (la antigua CIU) se cojan codo con codo y bajen a la calle con los antisistema de la CUP (estos están disfrutando como enanos). Y que consigue que 200 curas se pronuncien proreferendum, aunque al día siguiente sus socios de la CUP anuncien que en cuanto salga el sí, la Iglesia se va a hacer puñetas en Cataluña.
Ese “Govern” y sus acólitos que aplauden cuando el presidente de Omnium Cultural afirma que sí, que sabe que está cometiendo un delito de sedición y que le da igual y reta a la autoridad para que intenten detenerle.
Ese “Govern” que moviliza a chiquillos contra chiquillos de modo que en las escuelas se señale a todo aquél que no se pronuncie en favor de un referéndum ilegal.
Lamentable.
Y no estoy de acuerdo con que la solución esté en empezar a hablar al día siguiente del 1-O. La radicalización no merece el premio de la negociación. Además que una negociación entre imposibles convergencias de ideas no lleva más que a sentar las bases y las justificaciones de la batalla final.
Sin embargo sí que estoy completamente de acuerdo en que el estado al que hemos llegado pone en cuestión si, después de casi 40 años, debemos revisar el sistema constitucional. Pero no debemos cometer el error de ir con prisas. Una negociación constituyente entre partidos políticos que en el corto plazo se enfrentan a elecciones lleva a que las posturas tengan poco recorrido, y las cortas miras no pueden ser la base de una reforma constitucional. Y menos tras un periodo de confrontación política como el que estamos viviendo. Entiendo que debería crearse un Comité de expertos constituyentes, formado por personas a propuesta de todos los partidos, que se dedique a debatir cuestiones constituyentes, reposadamente con conciencia de estar haciendo algo para el futuro de nuestro país, y que siente las bases del debate constituyente que, después, pueda desarrollarse en el Parlamento. Un debate intelectual previo, con calado social, que luego pase al debate constituyente sería un acertado modo de abrir el melón de la reforma constitucional con serenidad y amplitud de miras, con reflexión y participación, con diálogo y no con debate.
Las conclusiones de ese Comité de expertos, que no tienen por qué ser unívocas, sino que deberían recoger las alternativas que se plantean con expresión de los apoyos y razones que se aportan para cada una, se someterían al conocimiento de los partidos, y sólo entonces, para las siguientes elecciones se plantearía que cada partido recoja en sus programas electorales sus conclusiones principales respecto de las conclusiones del comité, para que un nuevo Parlamento, elegido con conocimiento por el electorado de lo que cada uno va a defender, pueda acometer la tal vez necesaria revisión de nuestra Carta Magna, de modo que se pueda alcanzar el más amplio consenso que nos dé una Constitución duradera.
Claro que esto, respecto de la cuestión “Govern” no soluciona nada, pues la radicalización de sus componentes les lleva al no diálogo, pero sin embargo estoy convencido que sí solucionaría la cuestión catalana.
Y entre tanto que todos nos dediquemos a procurar el progreso económico y social para el bien de todos los españoles.
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